La Constitución española de 1978 presenta, en plena madurez, síntomas serios de senilidad. Hay una deriva de su jurisprudencia que arranca temprano: la impunidad de la dictadura franquista y la neutralización del reconocimiento de nacionalidades y derechos históricos. Padece, también, de “juri- simprudencia” que consagra abiertamente discriminación por género bajo el orden constitucional que la proscribe. Distorsiona un derecho tan básicamente humano como el de la seguridad por interposición del sujeto nacional o asiste a la impunidad de quienes se benefician de la corrupción a gran escala. Finalmente, ampara una extraña monarquía.