El “procés”, especialmente en los años de la presidencia de Artur Mas, ha querido revestirse de formas jurídicamente “correctas”. Para ello se quiso construir doctrina, con un Consejo Asesor de la Transición Nacional; se movilizaron juristas; se publicaron documentos; se presumía de tener importantes apoyos económicos y diplomáticos en el exterior; y se intentó situarlo en la estela de otros procesos similares recientes, como Québec o Escocia. Leyes de transición, ley de referéndum, proyectos de futura constitución catalana o instrumentos similares son revisados con bisturí por la lógica implacable del jurista Villarejo, y el resultado es inapelable: la supuesta construcción jurídica del “derecho a decidir” no se sostiene. […] Lo que maravilla primero e indigna después a Villarejo es la aceptación de ese discurso por buena parte de las izquierdas (incluida buena parte de la izquierda supuestamente “radical” y “transformadora”). Reconociendo sus diferencias, buena parte de las izquierdas catalanas y españolas han considerado el “procés” como la expresión de un movimiento popular, democrático, que no aspira a otra cosa que a reclamar derechos legítimos de las personas y de los pueblos. Derechos que les son arrebatados por una derecha centralista, autoritaria, y en definitiva, heredera del franquismo.