Se propone una demonización de la militancia, la destrucción de los símbolos construidos en la lucha contra la impunidad (los pañuelos blancos, la cifra de los 30 000) y una homologación y condena abstracta de la “violencia” que busca igualar a torturadores y asesinos con los miembros de movimientos políticos, sindicatos, asociaciones barriales o estudiantiles que deseaban una sociedad más justa e igualitaria. Los objetivos principales que se persiguen son la suspensión de los juicios de lesa humanidad, la reducción de las condenas o la libertad de los represores condenados y la relegitimación de la violencia represiva en el presente.