El recurso universal a la institución penitenciaria es en sí mismo un indicador del fracaso y la impotencia de las sociedades para construir un ámbito de convivencia saludable que respete la soberanía personal. La presencia de presos políticos dentro de las cárceles constituye además la piedra de toque que desacredita a cualquier gobierno que pretenda definirse como democrático. En consecuencia, ningún gobierno admite su existencia, camuflándola con tipos penales tales como atentado contra el orden público, enaltecimiento del terrorismo, rebelión, etc. El estado español no es una excepción. Cuando en 2016 el dirigente abertzale Arnaldo Otegui se calificó a sí mismo como “preso político”, tras cumplir varios años de condena, el ministro de Justicia Rafael Catalá declaró de inmediato que “en una democracia no hay presos políticos” y que en España “no los hay desde hace muchos años”. No obstante, una mirada superficial sobre el panorama carcelario español permite identificar a numerosas personas que han sido condenadas por sus ideas, en particular en los ámbitos abertzale y anarquista, aunque no exclusivamente. El criterio para definir a un preso como político no está claro en cualquier caso, ni es compartido por todo el mundo. En España este criterio ha sido aún más confuso, debido a la tradición franquista y a la prolongación de los conflictos nacionalistas después de la Transición, que ha generado un contexto desde el que prácticamente cualquier actividad (ejercicio de las libertades de expresión y reunión, militancia en organizaciones revolucionarias, lucha por los derechos de las personas presas, etc.) puede ser catalogada como delito de “terrorismo”. La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida significativamente como “Ley Mordaza”, ha ampliado enormemente los supuestos de delito hasta abarcar las opiniones y los actos de desobediencia como, por ejemplo los intentos de paralizar colectivamente los desahucios. Lo que proponemos a través de esta serie que hemos ido publicando durante el pasado año es visibilizar la existencia de tales presos políticos en el estado español, a pesar de lo que se sostiene institucionalmente. Sin focalizar ninguna ideología en concreto, pues se trata de demostrar que los presos políticos españoles contemporáneos abarcan un amplio espectro de posiciones políticas especialmente de izquierdas, pero con un criterio de selección muy claro: personas encarceladas por tratar de hacer públicas y efectivas sus ideas sin recurrir a violencia de ningún tipo. Seguramente no estarán todos los que son, pero a través de esta selección de ejemplos muy claros queremos dejar constancia de su existencia y denunciar no solo las leyes caducas y su aplicación torcida, sino sobre todo la alienación social que permite y justifica esta realidad y mira hacia el otro lado.